Recensión a una obra de M. Spieker

Spieker, Manfred, Kirche und Abtreibung in Deutchland. Ursachen und Verlauf eines Konflikts (Iglesia y aborto en Alemania. Causas y desarrollo de un conflicto), Ferdinand Schoeningh, Padeborn, 2001, 260 págs.

Muchas veces se ha dicho que lo propio del totalitarismo es la pretensión de decidir sobre cosas que son previas a la política, como, por ejemplo, determinar quienes son personas. Por eso resulta paradójico que a pocos años de haber superado las formas de totalitarismo más relevantes que ha conocido la humanidad, en diversos países de Occidente se discuta apasionadamente acerca de la posibilidad de que los no nacidos sean eliminados bajo el amparo de la ley. Cabe decir, entonces, que hoy la cuestión del aborto ha llegado a ser el problema político fundamental. Esto ya es un mal síntoma, pues la vida no nacida debería considerarse el bien indisponible por excelencia y, en consecuencia, estar más allá del juego político.
La obra del politólogo Manfred Spieker Iglesia y Aborto en Alemania, da cuenta de la larga historia que ha experimentado esta cuestión en uno de los países más influyentes y —qué duda cabe— el que más sensibilidad debería mostrar en cuestiones relacionadas con el derecho a la vida. Lo hace describiendo el papel de los dos actores más importantes involucrados en esta discusión, la Iglesia y el Estado. El autor hace ver, sin embargo, que al interior de ninguno de estos dos sujetos las posiciones son siempre nítidas y homogéneas. Esta circunstancia no debería llamar la atención en el caso de la política secular, pero sí adquiere ribetes dramáticos cuando se trata de la actitud de los cristianos frente a un tema tan sensible.
Como se sabe, el aborto no se introdujo en Alemania bajo la forma de una autorización general para practicarlo cumplidas ciertas condiciones, como ocurrió en los Estados Unidos con la decisión de “Roe vs. Wade”. Dado que la Ley Fundamental es muy explícita en la protección de la vida y la dignidad humanas, la introducción de esta práctica sólo se pudo realizar en forma (al menos teóricamente) restrictiva y no como un derecho a abortar sino como una despenalización de esta conducta en ciertas condiciones. En la práctica, lo que fue concebido como un mecanismo excepcional fue adquiriendo —casi imperceptiblemente— dimensiones mucho mayores que las que cabía esperar del propio texto escrito. Esto no obstante los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que expresamente rechazaron la idea de que el aborto podía ser realizado libremente dentro de un plazo determinado. Spieker muestra con detalle las formas que fue revistiendo la campaña abortista en su país y el cambio de sensibilidad que tuvo lugar.
El problema más complejo se produjo a raíz de la reunificación de las dos Alemanias. Como se sabe, en la República Democrática Alemana el aborto estaba muy extendido y se permitía sin restricciones durante un plazo de varios meses. Como el aborto había pasado a formar parte de la mentalidad de los ciudadanos del Este, la presión por mantener tal régimen después de la Reunificación fue muy grande. Sin embargo, como la Ley Fundamental de 1949 continuó siendo la Constitución alemana, el Estado alemán unificado no pudo acceder a esos requerimientos. El Tribunal Constitucional rechazó las fórmulas legislativas esbozadas, de manera que se llegó a una solución de compromiso. Ésta consistía en mantener la prohibición de realizar abortos, pero despenalizar el caso en que la mujer que recurría a él pudiera acreditar que había sido asesorada sobre la materia. Este asesoramiento, que podían llevar a cabo tanto entidades estatales como eclesiásticas, debía intentar evitar el aborto. Una vez que la consulta tenía lugar, se extendía un certificado de asesoramiento. Como este asesoramiento tenía un carácter obligatorio, el certificado que se emitía a resultas de él era un requisito indispensable para abortar. Además, se trataba de un certificado cuyo único fin era facilitar la práctica del aborto de manera no punible.
Como se ve, la situación plantea un problema bastante delicado para los cristianos: la participación en este sistema ideado por el legislador. Nadie discute que los cristianos tienen el derecho a fundar instituciones que den asesoría destinada a disuadir a las personas que quieran abortar. Así lo hacen hasta el día de hoy diversos grupos pro vida y comenzó a hacerse en determinadas diócesis alemanas. Sin embargo, como en estos consultorios no se expende el certificado de asesoramiento, tampoco reciben financiamiento del Estado, porque están, por así decirlo, fuera del “circuito” legal. Al no recibir financiamiento estatal ni ser obligatorio, estos consultorios se encuentran en una posición de “desventaja”. Quienes acuden a ellos, aunque después decidan abortar, no pueden hacerlo sin sufrir la sanción correspondiente. La única forma de evitar la sanción es acudir a un establecimiento reconocido oficialmente. La tentación para los cristianos es grande: si se integran al sistema oficial tienen asegurada una clientela numerosa —aparte del financiamiento del Estado— y, por tanto, la posibilidad de salvar muchas vidas. El costo, sin embargo, consiste en que las mujeres que decidan abortar podrán hacerlo gracias al certificado que habrán recibido de esas organizaciones. Es la vieja discusión de si acaso el fin justifica los medios.
Diversos autores, como Spaemann y el propio Spieker, señalaron que no era lícito participar en ese proceso, pues se trataba de un caso típico de cooperación al mal. La misma doctrina fue mantenida por la Santa Sede. Sin embargo, la mayoría de los organismos oficiales de la Iglesia en Alemania, y muy especialmente la agrupación laical “Donum Vitae”, no siguió este predicamento. La razón de esta conducta tiene una raíz doctrinal: la difusión en los medios católicos de habla germánica de las teorías morales del disenso, en especial del consecuencialismo, para el quel la moralidad de un acto no se mide por su objeto sino por las consecuencias. Un número importante de Obispos siguió este modo de actuar durante largo tiempo y sólo tras enormes esfuerzos el Papa Juan Pablo II logró que renunciaran a participar del sistema oficial.
El libro de Spieker está muy documentado. Su importancia no reside únicamente en su capacidad para enfrentar el problema desde ángulos muy diversos, sin dejar argumento por tratar. Tiene además el mérito de poner ante nuestros ojos un tema que, como pocos, constituye una muestra inigualable de los problemas que enfrenta hoy la Iglesia Católica. En toda la discusión en torno al aborto, primero, y el certificado de asesoramiento después, llama la atención la notable coherencia del magisterio romano en su defensa de la vida. Por contraste, sorprende que aquellos círculos teológicos y eclesiásticos alemanes que en 1968 se apartaron del magisterio aparentemente en un solo punto (el de la ilicitud de la contracepción) se quedaron sin las herramientas doctrinales necesarias para resolver una serie de dificultades, entre las cuales el mencionado certificado de asesoramiento es sólo un ejemplo. No hace falta una gran penetración para adivinar hacia dónde llevará este disenso teológico en las discusiones morales que se prevén para el futuro.
Quienes en Alemania se han opuesto a las directrices de la Santa Sede en estas materias, como en otras, lo hacen invocando su conciencia. Ella los mueve a ayudar a las mujeres que están en dificultades y —consecuentemente— a salvar muchas vidas humanas en gestación. No obstante, en todo el mundo grupos pro vida han organizado sistemas de asesoramiento a los que pueden acudir libremente las mujeres enfrentadas a la alternativa del aborto. Nada impide que los católicos alemanes y muchas otras personas hagan lo mismo en su país. Naturalmente, la diferencia radica en que, en Alemania, las mujeres que quieran abortar están obligadas a pedir ese consejo, lo que —en buena medida— asegura que muchas llegarán a consultar a esas organizaciones, cosa que no sucede con las que promueven los defensores de la vida no nacida en otros lugares: una supuesta ventaja para Alemania. El problema, empero, no es si se ayuda o no a las mujeres embarazadas a evitar un aborto —en eso, que no es poco, están todos de acuerdo— sino si se está dispuesto a renunciar a la privilegiada posición que da el apoyo de la fuerza de la ley. Reconozco que el problema es difícil y que el peso de muchos siglos de historia hace difícil abdicar de la ayuda que el trono puede darle al altar. Allí me parece que está buena parte de nuestras diferencias de opinión y no tanto en el hecho de que unos sigan su conciencia mientras otros se limiten a obedecer dictados ajenos, en este caso romanos.
Al lector hispanoamericano le sorprenderá que Spieker hable siempre de la “posición minoritaria” para referirse a la que mantuvo el Papa Juan Pablo II —y él mismo— en este doloroso debate que aquí se documenta. Los partidarios del disenso se apoyan, en gran medida, en la seguridad que les da el constituir la mayoría. La pregunta es: ¿qué mayoría? Porque, nos guste o no, hace muchas décadas que los católicos centroeuropeos sólo constituyen una pequeña minoría de la Iglesia Universal. En materias de fe y moral, la verdad no está dada por las encuestas. Sin embargo, quienes están tan preocupados por no ser minoritarios harían bien en reparar en un hecho que se repitió desde 1978: los millones de hombres y mujeres que convocó Juan Pablo II en la mayoría de los países que visitó no parecían estar particularmente afectados por el complejo anti-romano de algunos centroeuropeos. Y este fenómeno también parece haberse mantenido con Benedicto XVI, su sucesor. En este sentido, Manfred Spieker y los otros que en Alemania han realizado una decidida defensa de la vida no son tan minoritarios como piensan.

Joaquín García-Huidobro Correa